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jueves, 24 de septiembre de 2009

¿UN FISCAL? TOMENTIRA

"EL ESTATUTO" del Ministerio Fiscal señala que éste tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Ello supone que la Fiscalía tiene la obligación de investigar cualquier indicio de delito, sean quienes sean sus autores y con independencia de sus ideas.

El PP está trabajando en un informe que reúne 35 casos en los que la Fiscalía ha actuado con doble rasero, dejando en evidencia su parcialidad política. El documento del PP cita los casos de la concesión de la subvención de 10 millones de euros a Aguas Teñidas, la empresa de la que era apoderada la hija de Chaves, los abusos y malversaciones cometidos por Alberto Saiz en el CNI, la gestión fraudulenta en Caja Castilla-La Mancha por Hernández Moltó y su equipo o la adjudicación irregular de las obras del puerto de Gijón como asuntos en los que la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación.

Por el contrario, la Fiscalía -según el documento del PP- ha mostrado un inquietante exceso de celo al investigar a dirigentes del PP como Francisco Camps. José Manuel Soria, Manuel Lamela y la cúpula del PP en Lugo, cuyas actuaciones fueron archivadas por el juez.

Frente a este afán persecutorio, contrasta el nulo interés o la benevolencia de la Fiscalía en casos de corrupción que han afectado al PSOE como los de Seseña, La Gomera o la labor de Margarita Nájera como alcaldesa de Calvià, que llegó a tener abiertas siete investigaciones penales basadas en pruebas muy concretas, la mayor parte de ellas archivadas a petición del fiscal. El caso Ibiza -en el que se cambió de fiscal- o todos los que afectan a UM, socio del PSOE, corroboran que en Baleares, donde no sin motivo se acorrala al PP, son más iguales unos que otros.

Es evidente que este doble rasero de la Fiscalía se ha producido porque resulta imposible de explicar por qué no se ha investigado a Chaves y Saiz, a los que se podría acusar de graves delitos, mientras el Ministerio Fiscal ponía todos los focos sobre Camps por la discutible conducta de haber aceptado cuatro trajes, causa que fue archivada tras provocarle un grave daño a su imagen.

El PP tiene toda la razón al denunciar la falta de neutralidad de la Fiscalía y su doble rasero. La lástima es que este verano Rajoy y Cospedal perdiesen el tiempo en denunciar un supuesto espionaje que ya es obvio que no están en condiciones de demostrar en lugar de aportar estos casos, que corroboran que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la institución que dirige no cumplen con el mandato legal de imparcialidad política de su Estatuto Orgánico y de la Constitución.

Zapatero dijo en 2004 ante el comité federal que «ha llegado la hora de los fiscales independientes» tras prometer que velaría por «la imparcialidad» de la Fiscalía. Esa imparcialidad ha brillado por su ausencia. La actuación de Conde-Pumpido ha sido tan parcial como la de los fiscales que ha promovido. Ahí esta el caso del fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, que pide tres años de cárcel contra Antonio Rubio no se sabe si como represalia por las investigaciones del periódico sobre el 11-M o para vengar a su protector, el ex ministro Bermejo.
No hace falta ser un lince para darse cuenta de que el partidismo del fiscal general del Estado, cuyos criterios deben ser seguidos por sus subordinados, proviene de que se trata de un cargo de confianza del Gobierno, nombrado por el Consejo de Ministros. Así ha sido desde la aprobación de la Constitución en 1978: todos los Gobiernos han nombrado personas muy cercanas para ejercer el cargo, siendo conscientes del formidable poder del que dispone el fiscal general del Estado. En algunos casos, como el de Eligio Hernández, el Ejecutivo optó por saltarse incluso la ley para colocar a un fiel militante.

Lo ideal sería que el fiscal general del Estado fuera un jurista independiente, pero ello no deja de ser una utopía teniendo en cuenta que la Constitución establece en su artículo 124 que lo designa a dedo el Gobierno. Ahora que se habla tanto de pactos de Estado, uno de ellos podría ser el acuerdo entre las grandes fuerzas políticas para nombrar por consenso al Fiscal General, que siempre ejercerá sus funciones con un déficit de legitimación si su nombramiento y mantenimiento en el cargo siguen dependiendo del Ejecutivo.

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